En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

La renuncia a la herencia es el acto por el que el llamado a la sucesión declara formalmente que rehúsa la herencia.

La renuncia a la herencia o «repudiar la herencia« es un negocio jurídico unilateral, no recepticio, intervivos, voluntario y libre, irrevocable, con efectos retroactivos y puro e indivisible.

¿Cómo debe hacerse la renuncia a la herencia?

A diferencia de la aceptación, la repudiación requiere forma expresa y auténtica. Si bien antes de la reforma llevada a cabo por la Ley de Jurisdicción VoluntariaLey 15/2015 cabían dos formas de renuncia, la instrumental que debía realizarse en instrumento público o auténtico y la judicial que se llevaba a cabo por escrito presentado ante el juez competente para conocer de la testamentaría o del abintestato

Tras la entrada en vigor de la LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, el art 1008 del Código Civil dispone:

«La repudiación de la herencia deberá hacerse ante Notario en instrumento público»

Capacidad para renunciar a la herencia

La capacidad para repudiar la herencia es la misma que para aceptarla, con la única matización que las asociaciones, corporaciones y fundaciones que requieren, en este caso, la aprobación del ministerio fiscal.

Los establecimientos públicos oficiales no pueden aceptar ni repudiar herencia sin la aprobación del Gobierno. La institución hecha a favor de un establecimiento público bajo condición o imponiéndole un gravamen, sólo es válida si el Gobierno la aprueba.

Efectos de la renuncia a la herencia

Como efectos de la repudiación de la herencia podemos señalar los siguientes:

1.  El repudiante no tiene acceso a la posesión de los bienes y derechos de la herencia deferida en ningún momento.

2.  La renuncia no puede ser parcial, si bien, la renuncia a la herencia, no impide la aceptación de un legado  dejado al heredero, ni la aceptación de la mejora , ni la pérdida del derecho de representación que tiene el renunciante respecto del causante en cualquier otra sucesión.

3.  El que es llamado a una misma herencia por testamento y abintestato, y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los dos.

Por el contrario, si la repudiación se realiza a una sucesión abintestato sin tener conocimiento de la existencia del título testamentario, el llamado puede aceptarla por éste título sin que la repudiación abintestato afecte a dicha aceptación.

4.  La repudiación de la herencia da lugar, según los casos, al llamamiento del heredero sustituto,  al ejercicio del derecho de acrecer,  o a la apertura total o parcial de la sucesión intestada 

5.-La parte de la herencia repudiada pasa a acrecer la parte de la herencia de los herederos legítimos que la han aceptado.

Plazo para repudiar la herencia

No existe un plazo para aceptar o repudiar la herencia mientras no prescriba la acción para reclamar la misma. Ahora bien, los artículos 1004 y 1005 del Código Civil si marcan determinados plazos, no pudiendo ejercitarse la renuncia hasta pasados 9 días desde la muerte del causante de cuya herencia se trate, siendo el Juez quien debe fijar un plazo para la aceptación de la misma, en su caso, que no pase de 30 días.

artículo 1004 C. Civil:

«Hasta pasados nueve días después de la muerte de aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que acepte o repudie.»

artículo 1005 C. Civil:

«Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente.»

Renuncia a la herencia en perjuicio de acreedores

Dispone el art 1100 del Código Civil:

Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán éstos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél.

La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en este Código.

En definitiva, si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, pueden éstos pedir al juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél.

La aceptación sólo aprovecha a los acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hay, no pertenece en ningún caso al renunciante, sino que se debe adjudicar a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en el Código Civil.

¿Puedo renunciar a parte de la herencia?

NO, en ningún caso cabe la renuncia parcial de la herencia, porque dispone el art Artículo 990. del Código Civil

«La aceptación o la repudiación de la herencia no podrá hacerse en parte, a plazo, ni condicionalmente.»

¿Puedo renunciar a la herencia en vida del causante?

NO, nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia ( art 991del CC)

Es decir, si renuncia a la herencia antes del fallecimiento de su causante esa renuncia no tendrá efecto algún

¿Pueden renunciar solo algunos herederos?

SI, el artículo 1007 del Código Civil  lo permite al decir:

Cuando fueren varios los herederos llamados a la herencia, podrán los unos aceptarla y los otros repudiarla. De igual libertad gozará cada uno de los herederos para aceptarla pura y simplemente o a beneficio de inventario

© mundojuridico.info – Renuncia a la herencia

En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

El divorcio de los inquilinos en los arrendamientos de vivienda ha de ser comunicado al arrendador del inmueble para evitar la resolución.

Hablamos de los efectos de la separación o el divorcio de los inquilinos en los arrendamientos de vivienda.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece unas obligaciones al arrendatario que se divorcia con respecto al arrendador.

Es IMPORTANTE saber que cuando un matrimonio se separa o divorcia y además están ocupando una vivienda en alquiler, si la nueva situación no se comunica al arrendador del inmueble puede tener como consecuencia la RESOLUCIÓN o extinción del contrato de arrendamiento.

Es frecuente cuando se celebra un contrato de arrendamiento de vivienda con un matrimonio (inquilinos), que sólo uno de los cónyuges firme dicho contrato, sin que aparezcan los datos del otro cónyuge ni su firma, aunque evidentemente éste y los hijos (cuando los hay) sean los que como una unidad también ocupen la vivienda arrendada.

¿Qué ocurre si los inquilinos se separan o divorcian?

Cuando se produce la separación o divorcio de los inquilinos, siempre y cuando como decimos, SÓLO UNO DE LOS INTEGRANTES del matrimonio sea quien figure y haya firmado el contrato de arrendamiento, hay que cumplir con una serie de exigencias para evitar que el arrendador pueda resolver el contrato de arrendamiento.

Lo primero que hay que saber es la fecha en la que se celebró el contrato de arrendamiento para conocer el texto de la ley de arrendamientos urbanos que en esa época estaba vigente y por tanto la que se le aplica.

Si se produce el divorcio de los inquilinos en los arrendamientos de vivienda, según la fecha en la que se haya firmado el contrato de alquiler, hay que hacer lo siguiente:

A) Contratos de alquiler celebrados entre el 1.01.1995 y el 5.06.2013:

1.- Si el cónyuge que ha firmado el contrato de arrendamiento se separa o divorcia, y es quien se queda
residiendo en la vivienda 
después de la separación matrimonial, NO ES NECESARIO que comunique esta situación al dueño, ya que seguiría como arrendatario tal y como lo venía apareciendo en el contrato de alquiler.

2.- Si el cónyuge que no figuraba en el contrato como arrendatario es el que se queda ocupando la vivienda después de la separación matrimonial o divorcio, podrá continuar en el uso de misma cuando le sea atribuida en el convenio regulador del divorcio o por sentencia dictada en el proceso de separación o divorcio.

En estos casos, el cónyuge que no figura en el contrato de alquiler TIENE LA OBLIGACIÓN de comunicarle este hecho al dueño de la vivienda en el plazo de DOS MESES desde que le sea notificada la sentencia de divorcio donde se le asigne el uso de dicha vivienda.  Además de comunicarle al dueño el hecho de la separación o divorcio, tiene que acompañarle una copia de dicha resolución donde aparezca que se ha atribuido la vivienda.

B) Contratos de alquiler celebrados entre el 6.06.2013 y el 5.3.2019:

1.- Si el cónyuge que ha firmado el contrato como inquilino (con sus datos y firma) se divorcia y es quien que se queda residiendo en la vivienda después de la separación matrimonial, NO ES NECESARIO que comunique esta situación al dueño (o arrendador), ya que seguiría como arrendatario tal y como lo venía haciendo en el contrato. Por tanto, como veis, no hay cambios con respecto a los contratos celebrados entre el 1.01.95 y el 6.06.2013.

2.- Si el cónyuge que no aparece en el contrato de arrendamiento, es el que se queda ocupando la vivienda después de la separación matrimonial o divorcio, podrá continuar ocupando la vivienda alquilada cuando le sea atribuida en el divorcio o en el procedimiento de separación matrimonial o nulidad.

3.- El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o por un periodo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato.

4.- En estos casos, el cónyuge no arrendatario TIENE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICARLE este hecho al arrendador en el plazo de DOS MESES desde que le fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañándole una copia de dicha resolución.

5.-  La regulación legal viene prevista en el artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU):

» En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato.

La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.»

C) Contratos de alquiler celebrados a partir del 6.03.2019 en adelante:

No se ha producido ningún cambio en el artículo 15 de la LAU, por lo que el régimen sigue igual que respecto de los contratos de arrendamiento celebrados entre el 6.06.2013 y el 5.03.2019.

Importante:

En resumen hemos de indicar, que el divorcio de los inquilinos en los arrendamientos de vivienda puede producir la resolución del contrato de arrendamiento si no se realiza la comunicación de este hecho en el plazo de DOS MESES desde que les sea notificada la sentencia de separación o divorcio.

Esta comunicación al arrendador habrá que hacerla cuando el cónyuge que vaya a ocupar la vivienda alquilada no figure ni haya firmado el contrato de arrendamiento.

Por último recordar, que dicha comunicación al arrendador deberá hacerse de forma fehaciente (mediante burofax, conducto notarial, etc. ) acompañando una copia de la sentencia de divorcio donde aparezca que se le atribuye la misma a ese cónyuge, o la parte de dicha resolución judicial donde se le atribuye la vivienda.

El inquilino debe estar también al tanto de pagarle el alquiler al arrendador y de que éste le gire a su nombre los recibos.

© mundojuridico.info – El divorcio de los inquilinos en los arrendamientos de vivienda

En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el Real Decreto-Ley 3/2021. La nueva norma adopta importantes medidas sociales, para la reducción de la brecha de género y otros cambios en materia laboral y de Seguridas social.

Entre sus novedades destacan la conversión del complemento por maternidad en las pensiones contributivas en el llamado “complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género”; la ampliación de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital; el reconocimiento del contagio por COVID-19 como enfermedad profesional al personal sanitario; o la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo activo de este sector.Además, para los autónomos que tributan por módulos se facilita el acceso a la prestación extraordinaria de cese de actividad.

Analizamos y resumimos las principales medidas del nuevo Real Decreto-Ley 3/2021.

Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género

Se ha aprobado un nuevo complemento de maternidad en las pensiones. El propio RDL 3/2021 lo justifica en función de una STJUE de 12 de diciembre de 2019, que proclamaba que el art. 60 LGSS, sobre el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema, era contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.

Según fuentes del Gobierno, se trata de una cantidad fija de 400 euros por hijo, previéndose que unas 30.000 mujeres se beneficiarán de él este año. Como ejemplo, ha señalado que, en la actualidad, una mujer con dos hijos y una pensión media cobra un 5% más. Con el nuevo complemento, percibirá entre un 6% y un 8% adicional.

Así, al reformarse el citado art. 60 LGSS, se ha sustituido el complemento de maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género en el que el número de hijos es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida por cuanto su nacimiento y cuidado es la principal causa de la brecha de género.

El alcance temporal del nuevo complemento económico se vincula a la consecución del objetivo de reducir la brecha de género en las pensiones contributivas de jubilación por debajo del 5% (nueva disp. adic. 37ª LGSS).

Se entiende por brecha de género de las pensiones de jubilación el porcentaje que representa la diferencia entre el importe medio de las pensiones de jubilación contributiva causadas en un año por los hombres y por las mujeres.

También se fija un sistema de revisión en el que se da entrada a los interlocutores sociales, garantizando así el compromiso de todos en la lucha contra la desigualdad de género, cuyo mayor exponente se pone de manifiesto en los momentos de mayor necesidad.

El propio texto añade que estas medidas exigen establecer el sistema de financiación (transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social), así como precisar qué alcance tendrá el nuevo complemento para los pensionistas que vienen percibiendo el complemento por maternidad y para ello añade una nueva disp. adic. 36ª a la LGSS.

Es importante añadir que el art. 2 RDL 3/2021 introduce el complemento para la reducción de la brecha de género en el Régimen de Clases Pasivas. Se modifica la disp. adic. 18ª TRLCP y se incorpora una disposición transitoria 14ª para regular el mantenimiento transitorio del complemento por maternidad en las pensiones de Clases Pasivas.

A) Personas beneficiarias

Serán beneficiarias las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija. Se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor, y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

Se añade una serie de requisitos para que los hombres puedan ser beneficiarios de esta ayuda, como causar pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor: fundamentalmente, causar pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad, y causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, cumpliendo una serie de condiciones.

El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la extinción del complemento ya reconocido al primer progenitor y producirá efectos económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud.

B) Cuantía

El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.

C) Reglas

El RDL detalla una serie de reglas sobre el complemento, que tiene naturaleza jurídica de pensión pública contributiva.

– Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un complemento.

– No se reconocerá el derecho al complemento al padre o a la madre que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial, ni al padre condenado por violencia de género.

– El complemento será satisfecho en 14 pagas, junto con la pensión que determine el derecho al mismo.

– El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de pensiones previsto en la Ley, ni tendrá consideración de ingreso o rendimiento de trabajo en orden a determinar si concurren los requisitos para tener derecho al complemento por mínimos

– Cuando la pensión contributiva que determina el derecho al complemento se cause por totalización de períodos de seguro a prorrata temporis en aplicación de normativa internacional, el importe real del complemento será el resultado de aplicar a la cuantía la prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña.

– No se tendrá derecho al complemento en casos de jubilación parcial.

– El complemento se abonará en tanto la persona beneficiaria perciba una de las pensiones antes expresadas (apartado de beneficiarios). Por tanto, su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con el de la pensión que haya determinado su reconocimiento, si bien, si la persona beneficiaria, en el momento de la suspensión o extinción de dicha pensión, tuviera derecho a percibir otra distinta, el abono del complemento se mantendrá, quedando vinculado al de esta última.

– Los complementos de la Seguridad Social que se reconozcan serán incompatibles entre sí.

D) Régimen transitorio

La nueva disp. trans. 33ª LGSS establece que quienes en la fecha de entrada en vigor de la modificación estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación demográfica, mantendrán su percibo.

La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión pública, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro.

Si un progenitor, de alguno de los hijos o hijas, que dio derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica, solicite el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género y le corresponda percibirlo, la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del complemento por maternidad que se viniera percibiendo, con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause; pasado dicho plazo, los efectos se producirán desde el primer día del séptimo mes siguiente a esta.

2. Modificaciones relativas al acceso al Ingreso Mínimo Vital

La nueva norma incorpora medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables.

Así, a las personas con derecho a acceder a esta ayuda (art. 4 RDL 20/2020), se añaden las personas de al menos 23 años que no sean beneficiarias de pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez o jubilación, que no se integren en una unidad de convivencia, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente; no se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual.

Recordemos que el IMV se dirige a las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

El Gobierno motiva la reforma por el rechazo de unas 60.000 peticiones porque los solicitantes no acreditan su unidad de convivencia. En algunos casos, los destinatarios de la prestación ni siquiera las solicitan.

Las personas que viven en albergues o casas de acogida, y estén registrados, podrán solicitar el IMV. Además, se flexibiliza el concepto de unidad de convivencia para que mayor número de hogares puedan acceder a la prestación. Cuando la persona que se ha quedado sin vivienda comparta piso o vaya a vivir con un familiar de forma transitoria se considerará su situación preexistente y no supondrá una renta agregada a la unidad familiar.

Por otro lado, se posibilita que los servicios sociales y las entidades del tercer sector puedan acreditar situaciones excepcionales de personas sin hogar o en riesgo de exclusión social.

En resumen, cabe destacar:

– La ampliación de los supuestos de personas beneficiarias, como se expresó anteriormente.

– En cuanto a la firma de la solicitud por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que no se encuentren incapacitados judicialmente, la norma añade que las personas que tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones actuarán según lo dispuesto en estas medidas.

– Se amplía la protección a favor de «personas que figuren empadronadas en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir habitualmente en un municipio».

– Se añade a la normativa un conjunto de situaciones especiales, a favor de mujeres víctimas de violencia de género que hayan abandonado su domicilio habitual (acompañada o no de hijos o de menores), o mujeres que también hayan abandonado su domicilio por inicio de trámites de separación, nulidad, divorcio o disolución de pareja de hecho, o abandono de domicilio por desahucio, accidente o supuestos de fuerza mayor.

– Se añade la consideración del domicilio en supuestos especiales, constituyéndose la unidad de convivencia por personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción; los descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado. Es importante resaltar que, si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.

– Cuando concurran el mismo domicilio personas entre las que no concurran los vínculos previstos para acceder a la prestación, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión.

– Se regulan los elementos que deben formar parte del certificado expedido por los servicios sociales para justificar los nuevos supuestos de acceso a la ayuda.

– Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los informes relativos al Ingreso Mínimo Vital, así como del informe de exclusión social.

– En cuanto a la tramitación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social debe dictar resolución, y notificarla al solicitante, en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro. El silencio debe entenderse en sentido negativo. Las notificaciones a personas sin domicilio se efectuarán en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad donde aquellas figuren empadronadas.

– También se regula de nuevo la composición de la Comisión de seguimiento del Ingreso Mínimo Vital.

– El Ayuntamiento correspondiente debe comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier modificación (o baja) en el Padrón, en el plazo de los 30 días siguientes, de las personas beneficiarias sin domicilio y empadronadas.

– Se contempla la colaboración, durante cinco años, de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas, para emitir los certificados que exige la normativa sobre Ingreso Mínimo vital.

3. Protección social de los sanitarios

A) Compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de las profesiones sanitarias

El artículo 5 RDL 3/2021 establece la posibilidad de poder contratar, por motivo de la pandemia, a personal sanitario jubilado y así poder compaginar su pensión de jubilación con la actividad laboral.

En referencia a las cotizaciones, es importante destacar que «una vez finalizado el trabajo por cuenta ajena, las cotizaciones realizadas durante esta situación podrán dar lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación, la cual permanecerá inalterable. Estas cotizaciones no surtirán efecto en relación con los porcentajes adicionales previstos en el artículo 210.2 LGSS y en la disposición adicional 17ª TRLCP. Asimismo, las cotizaciones indicadas surtirán efectos exclusivamente para determinar el porcentaje aplicable a las jubilaciones anticipadas ya causadas, manteniendo la misma base reguladora» (art. 5.6 RDL 3/2021).

B) Reconocimiento de enfermedad profesional el contagio por COVID-19 en el ejercicio profesional

Con carácter retroactivo, se reconoce como enfermedad profesional el contagio por Covid-19 del personal sanitario. Según se recoge en el art. 6 RDL 3/2021, aquellos profesionales que presten servicios en centros sanitarios y socio sanitarios inscritos en los registros correspondientes; aquellos que atiendan en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios, a enfermos contagiados por el virus SARS-Cov2; y hayan contraído el virus desde la declaración de la pandemia internacional por la OMS hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria tendrán las mismas prestaciones que la Seguridad Social otorga a los afectados por una enfermedad profesional.

Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente informe donde se haga constar que la actividad profesional conlleva la atención a enfermos contagiados por el virus SARS-Cov2. Una vez acreditado el contagio se presumirá en todo caso que este se ha producido por atender a personas contagiadas por la COVID-19.

Mediante la disposición adicional 3ª se extiende la protección por contingencias profesionales al personal sanitario que presta servicios en la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal sanitario de Sanidad Marítima que preste servicios en el Instituto Social de la Marina, que haya contraído una enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

4. Prestación extaordinaria por cese de actividad de los autónomos

El artículo 4 modifica del RDL 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo con tres finalidades:

1. Con la modificación del art. 5.9, pfo. Segundo RDL 2/2021, se vincula el cese de la obligación de cotizar al mes en que se presenta la solicitud de la prestación por cese de actividad cuando la misma viene determinada por resolución de la administración competente.

2. Se añade un segundo párrafo al artículo 7.5.2.º con el objeto de facilitar a los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva la prueba de la caída de ingresos de más del 50% de los habidos en el segundo semestre de 2019, estableciéndose una presunción al efecto, lo que facilitará el acceso a la prestación al descargarle de la necesidad de probar la reducción de la actividad en determinados supuestos. Esta presunción será «siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5% al número medio diario correspondiente al segundo semestre de 2019», tal y como recoge también la disp. adicional 2ª RDL 3/2021.

3. También se modifica la disposición transitoria 2ª, en relación con la prórroga de la prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad. Para otorgar coherencia y evitar un trato desigual ante las mismas situaciones. En la redacción original de esta disposición, se estableció, por error, que la finalización de la prestación tendría lugar el último día del mes siguiente al del levantamiento de las medida de contención de la propagación del virus SARS-CoV-2 adoptadas por las autoridades competentes o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior, cuando lo cierto es que esta prestación se debe devengar hasta el último día de mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior, tal y como establecía el artículo 13.1 RDL 30/2020, 29 sept., y establece en la actualidad el artículo 5.8 RDL 2/2021, 26 en. No existe justificación alguna para mantener el pago de una prestación extraordinaria vinculada al cese de actividad cuando desaparecen los requisitos que provocan su otorgamiento.

En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

La empresa disfrazó de baja voluntaria lo que debió ser un despido disciplinario o una mera sanción. La trabajadora expresó su voluntad de no admitir la baja cuando consiguió asesoramiento legal.

El Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres ha declarado improcedente el cese de una empleada que se negó a acudir a su puesto por miedo cerval al Covid. La trabajadora llamó a la empresa y comunicó que no saldría de casa y que aceptaba lo que se le pueda «venir encima». La empresa tomó estas palabras como una baja voluntaria.

Como recoge el fallo (disponible aquí), en lugar de acudir a un despido disciplinario, o de imponer una sanción, o de propiciar la extinción de la relación por ineptitud sobrevenida, la firma opta por la solución más perjudicial para la trabajadora. La baja voluntaria priva del derecho a la prestación por desempleo y de cualquier tipo de indemnización.

En esta ocasión, la trabajadora padece un TOC, aunque no certificado como tal. A los nueve días de declararse el Estado de Alarma, en plena conmoción social, comunica a la empresa que no se ve capaz de cumplir con su obligación y admite, por considerarlo justo, que acepta lo que pueda venir por sus actos. No existió renuncia.

El juez entiende que esta comunicación no puede interpretarse como una renuncia voluntaria. No se está ante una dimisión, porque la trabajadora, en sus comunicaciones con la empresa, asume la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido por su inhibición.Tal como resalta el juez, el responsable de producción, en una conversación telefónica, lejos de reprenderla o de anticiparle alguna consecuencia adversa, trató de calmar y dar ánimo a la trabajadora.

Sorprendentemente, al día siguiente, es la empresa la que lleva la iniciativa. La trabajadora, confundida por el empleo de términos ambiguos, se limita a preguntar por las consecuencias de la decisión venidera, preocupada por la sospecha de que lo perderá todo. La empresa en ningún momento utiliza el término «despido». Hasta que la conversación deriva en la afirmación por parte de la empresa de que se trata de una baja voluntaria. Pero que la trabajadora ante tal afirmación contestara un simple «gracias» nada implica, porque tras recibir el oportuno asesoramiento legal, contestó de forma rotunda «No quiero la baja voluntaria de mi contrato».

Había otras opcionesCritica la sentencia que la empresa, en lugar de acudir a un despido disciplinario o de imponer una sanción de alcance más moderado, o de propiciar la extinción de la relación laboral por ineptitud sobrevenida o, incluso, de remitir a la trabajadora al INSS para que se valore el impacto laboral de su dolencia, opta por la solución que, con nulo quebranto económico para ella -pues no pagará un céntimo por indemnización-, mayor perjuicio causará a la trabajadora. Esta vía le priva incluso del derecho a cobrar la prestación por desempleo.

La trabajadora no dimitió, sino que fue la empresa la que, por la vía del hecho, procedió a despedirla de forma improcedente. En conclusión, el juez declara la acción improcedente.

En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

El contratista que estime encontrarse en alguna de las situaciones previstas no pierde su derecho de solicitar a la Administración la modificación de los términos del contrato.

Prensa Tribunal Supremo. La suspensión colectiva de contratos (ERTE) por fuerza mayor, por estado de alarma sanitaria COVID-19, es compatible con el derecho del concesionario a solicitar el restablecimiento económico del contrato. Así lo ha dictado el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de enero, bajo la presidencia de la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga y siendo ponente la magistrada Rosa María Virolés Piñol. El Alto Tribunal ha resuelto el recurso de casación interpuesto contra sentencia de la Audiencia Nacional de 15 junio 2020, que desestimó demanda de conflicto colectivo promovido por la Federación Estatal de CCOO en impugnación de la suspensión colectiva (ERTE) de contratos de trabajo en la empresa Ana Naya García, titular de diversos centros de educación infantil.

El 18 de marzo de 2020 se inicia ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social procedimiento de regulación temporal de empleo presentado por la empresa demandada solicitando autorización para la suspensión de las relaciones laborales de 187 trabajadores ( la totalidad de la plantilla de la empresa) pertenecientes a los centros de trabajo de la empresa sitos en la Comunidad Autónoma de Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, durante el período comprendido entre el 14-3-20 y la finalización del estado de alarma, por causa de fuerza mayor, de conformidad con lo regulado en el artículo 47, en relación con el artículo 51.7 del ET y en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. El 31 de marzo de 2020, la empresa comunicó a los trabajadores que hacía efectiva la suspensión ya que al no haber recibido comunicación alguna de la autoridad laboral debía entenderse constatada su existencia por silencio administrativo. Entre tanto, diversos ayuntamientos en los que se ubican los centros de trabajo acordaron la suspensión del servicio de escuela infantil municipal.

Posteriormente, por Resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dictada en el ERTE por fuerza mayor Covid-19 nº346/20, se acuerda declarar constatada la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa por pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y justificativa de la suspensión de relaciones laborales de los trabajadores, desde el momento de vigencia del RD 463/2020, de 14 de marzo, durante el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente el estado de alarma declarado por el Gobierno y las prórrogas del mismo que, en su caso, pudieren acordarse. Promovida demanda de conflicto colectivo por la Federación de Enseñanza de CCOO en solicitud de la declaración de nulidad o en su caso la carencia de justificación de la medida, la Audiencia Nacional dictó Sentencia con fecha 15 de junio de 2020 que desestimó la demanda. Contra esta Sentencia interpuso recurso de casación el Sindicato demandante. La Sala ha desestimado el recurso, declarando la firmeza de la sentencia recurrida. La Sentencia, aunque admite que la sentencia recurrida no dio contestación ni siquiera implícita a una de las principales alegaciones de la demanda, consistente en la infracción del art. 34 del RD Ley 8/2020 de 17 de marzo sobre medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid-19, estima que por economía procesal puede dar respuesta al resolver el recurso de casación, como así hace, sin anular la sentencia de instancia para que se pronuncie previamente al respecto.closeAnte todo, considera que si la empresa presentó la documentación requerida y constan los presupuestos exigidos nada impide que se pudiera entender aprobada la solicitud por silencio administrativo positivo, aunque el RD Ley 8/2020 no se refiera a esta figura, aunque posteriormente recaiga resolución expresa. Debe entenderse constatada la existencia de fuerza mayor por silencio administrativo positivo, según dispone el art. 22.2 c) RD Ley 8/2020, aunque recaiga resolución expresa posterior, que refuerza la calificación y efectos del silencio. La empresa se encuentra en uno de los supuestos de pérdida de actividad que implican suspensión o cancelación de actividades y tienen la consideración de fuerza mayor para la suspensión de la relación laboral. No puede obviarse tampoco que los ayuntamientos en que se encuentran los centros afectados suspendieron el servicio de escuela pública municipal y los contratos de gestión correspondientes ante la imposibilidad total de prestación de los mismos. En lo que se refiere al posible carácter fraudulento de la medida empresarial teniendo en cuenta que los gastos laborales resultado de la suspensión contractual serían indemnizables, en su caso, por la administración contratante y la presunta imposibilidad de aplicar la medida de suspensión temporal en este caso por ser la empresa una concesionaria de servicios públicos, cuestión que no fue resuelta por la sentencia recurrida, la Sentencia rechaza estas alegaciones. El ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El contratista que estime encontrarse en alguna de las situaciones definidas en el RD Ley 8/2020, podrá hacer uso, en su caso, de la correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación en la forma prevista en dicha norma. No se impugna la resolución administrativa que constata la existencia de fuerza mayor, pues la cuestión litigiosa queda limitada a la impugnación de la decisión empresarial de suspensión de los contratos de 31 de marzo de 2020, tras haber operado el silencio administrativo positivo respecto a la constatación de fuerza mayor. La presente comunicación, de finalidad exclusivamente informativa, carece de efectos procesales o doctrinales.

Ante todo, considera que si la empresa presentó la documentación requerida y constan los presupuestos exigidos nada impide que se pudiera entender aprobada la solicitud por silencio administrativo positivo, aunque el RD Ley 8/2020 no se refiera a esta figura, aunque posteriormente recaiga resolución expresa. Debe entenderse constatada la existencia de fuerza mayor por silencio administrativo positivo, según dispone el art. 22.2 c) RD Ley 8/2020, aunque recaiga resolución expresa posterior, que refuerza la calificación y efectos del silencio. La empresa se encuentra en uno de los supuestos de pérdida de actividad que implican suspensión o cancelación de actividades y tienen la consideración de fuerza mayor para la suspensión de la relación laboral. No puede obviarse tampoco que los ayuntamientos en que se encuentran los centros afectados suspendieron el servicio de escuela pública municipal y los contratos de gestión correspondientes ante la imposibilidad total de prestación de los mismos. En lo que se refiere al posible carácter fraudulento de la medida empresarial teniendo en cuenta que los gastos laborales resultado de la suspensión contractual serían indemnizables, en su caso, por la administración contratante y la presunta imposibilidad de aplicar la medida de suspensión temporal en este caso por ser la empresa una concesionaria de servicios públicos, cuestión que no fue resuelta por la sentencia recurrida, la Sentencia rechaza estas alegaciones. El ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El contratista que estime encontrarse en alguna de las situaciones definidas en el RD Ley 8/2020, podrá hacer uso, en su caso, de la correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación en la forma prevista en dicha norma. No se impugna la resolución administrativa que constata la existencia de fuerza mayor, pues la cuestión litigiosa queda limitada a la impugnación de la decisión empresarial de suspensión de los contratos de 31 de marzo de 2020, tras haber operado el silencio administrativo positivo respecto a la constatación de fuerza mayor.

La presente comunicación, de finalidad exclusivamente informativa, carece de efectos procesales o doctrinales.

En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

La utilización excepcional de la vivienda para el desarrollo de la actividad económica por el estado de alarma no es deducible, ha dictado la dirección general de tributos.

Los autónomos que teletrabajen por causa de la pandemia no podrán deducirse los gastos de suministro, como la luz o el internet. Así lo acaba de dictar la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante. Se trata de un criterio especialmente novedoso, pues la ley sí permite deducir estos importes si la actividad se realiza siempre desde casa.

Según dicta Hacienda (respuesta disponible aquí), la realización esporádica de la actividad económica en la vivienda, en una circunstancia excepcional como la producida tras la declaración del estado de alarma, no permite la deducibilidad de la parte proporcional de los suministros utilizados a la hora de determinar el rendimiento neto de la actividad.

¿Cuándo sí son gastos deducibles?

Para que determinados suministros de la vivienda habitual del contribuyente puedan tener la consideración de gastos deducibles de una actividad económica es necesario que la esa vivienda se encuentre parcialmente afecta a la actividad. Esto no es así en el caso analizado, pues simplemente se utiliza de manera ocasional y circunstancial como consecuencia de la situación producida por la COVID-19.

Sólo la afectación parcial de la vivienda al desarrollo de la actividad económica o profesional permite la deducibilidad proporcional de los suministros empleados. 

En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

La norma pretende reforzar y consolidar las medidas sociales en la defensa del empleo adoptadas por la pandemia.

Este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 2/2021, que prorroga los ERTES, con caracter general, hasta el 31 de mayo. El objetivo de la norma es reforzar y consolidar las medidas sociales en la defensa del empleo adoptadas por la pandemia, y algunas prorrogadas por la agravación de la crisis sanitaria.

Estas son las principales claves del RDL 2/2021: 

Prórroga de los ERTES por fuerza mayor

(Art. 1) Se prorrogan automáticamente los ERTES de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor vigentes hasta el 31 de mayo de 2021. Se refiere a los expedientes regulados en el art. 22 RDL 8/2020.about:blankclose

Esta medida, junto con la protección de nuevos colectivos, que se detallan más abajo, dará cobertura especial a 50.000 trabajadores más, según fuentes gubernamentales.

ERTES por impedimento del desarrollo de su actividad

(Arts. 1 y 2) Se entienden prorrogados los ERTES por impedimento en el desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dispuesto en el apartado 2 de la disp. adic. 1ª RDL 24/2020, que se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o por silencio. No obstante, desde el 1 de febrero y hasta el 31 de mayo, resultarán aplicables a estos expedientes los porcentajes de exoneración aplicables a esta clase de expedientes en base al RDL 30/2020.

Así, se mantiene hasta el 31 de mayo la misma estructura de estos ERTES por impedimento, fijada por el art. 2.1 RDL 30/2020, para empresas y entidades que vieran impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria. Su duración queda restringida a las citadas medidas de impedimento. Se beneficiarán de los porcentajes de exoneración previstos en dicha norma, durante el periodo de cierre y hasta el 31 de mayo de 2021.

No es necesario solicitar un nuevo expediente (ni hacer comunicación alguna al SEPE): bastará con remitir una comunicación a la Autoridad laboral y a los trabajadores.

ERTES por limitaciones de actividad

(Arts. 1 y 2) También se mantienen los ERTES por limitación del desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas (art. 2.2 RDL 30/2020). La prórroga es automática. Se acompañan de porcentajes de exoneración específicos desde el 1 de febrero:

• Respecto de los trabajadores con actividades suspendidas (y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión): exención de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 201, del 100%, 90%, 85% y 80%, respectivamente, cuando la empresa tuviera menos de 50 trabajadores o asimilados en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

• En la misma situación, pero en empresas con 50 o más trabajadores o asimilados a 29 de febrero de 2020: exención de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021, del 90%, 80%, 75% y 70%, respectivamente.

Al igual que los ERTES por impedimento, no es necesario solicitar un nuevo expediente (ni realizar comunicación al SEPE): bastará con remitir una comunicación a la Autoridad laboral y a los trabajadores.

ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción asociadas al COVID-19

(Art. 3) Los ERTES por causas ETOP asociadas al COVID-19 iniciados tras la entrada en vigor del RDL 2/2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, seguirán beneficiándose de las previsiones del art. 3 RDL 30/2020 hasta el 31 de mayo. Asimismo, a los ERTES iniciados antes de dicha entrada en vigor, les será aplicable el art. 3.4 del citado RDL 30/2020 (es decir, seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma: no obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del RDL 30/2020, siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas).

Recordemos que, según la normativa, la tramitación de estos expedientes puede iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor (ver clave 1).

Cuando el ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

Empresas con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa de actividad

(Disp. adic. 1ª) La norma continúa con la atención al impacto de la crisis en empresas de determinados sectores, concretamente los afectados por una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad: organizaciones con ERTES cuya actividad se clasifique a determinados códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), descritos en un Anexo a la norma.

El RDL incrementa en tres los sectores protegidos, respecto de la normativa anterior:

• Campings y aparcamientos de caravanas.

• Puestos de alquiler de medios de navegación.

• Actividades de mantenimiento físico.

Por otra parte, salen de esta cobertura los sectores de fabricación de alfombras, el estirado en frío y la fabricación de instrumentos musicales.

El listado incluye a las empresas que entre abril y diciembre de 2020 no hayan recuperado un 70% de su actividad y no tuvieran más de un 15% de empleados en ERTE.

Los expedientes se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2021.

(Los beneficios asociados a estas empresas se describen en la clave 8)

Empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor

Se mantiene la extensión de las exoneraciones y la prórroga automática de los ERTES a las empresas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas incluidas en la relación de actividades de la CNAE (ver clave 5), o que formen parte de la cadena de valor de las mismas.

Se extiende la protección a las empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor, hayan transitado o transiten, en el período comprendido entre el 1 de febrero y 31 de mayo de 2021, desde un ERTE por fuerza mayor a uno por causas ETOP.

Se entiende por empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las citadas empresas aquellas cuya facturación, durante el ejercicio 2019, se haya generado, al menos en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con las empresas incluidas en el Anexo, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por aquellas.

Empresas exoneradas entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021

(Disp. adic. 1ª). Se exonera del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta (en los periodos y porcentajes señalados en la clave 8), entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021:

• Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente por causas ex art. 22 RDL 8/2020 (clave 1), de sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de recuperación de actividad (clave 5).

• Empresas con ERTE por causas ETOP que transiten desde un ERTE por fuerza mayor (ver clave 4) entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021.

• Empresas a las que se refieren las letras b) (transición desde ERTE por fuerza mayor a causas ETOP) y c) (ERTES por causas ETOP) de la disp. adic. 1ª RDL 2/2021, que hubieran tenido derecho a las exenciones reguladas en dicho precepto, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo en el momento de su entrada en vigor.

• Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE por fuerza mayor, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refieren los puntos anteriores, o que formen parte de la cadena de valor de estas.

• Se añaden las empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor (clave 6), transiten desde un ERTE por fuerza mayor a uno por causas ETOP.

Trabajadores afectados, porcentajes y condiciones de las exoneracioones (1 de febrero-31 de mayo de 2021)

Se exonera a las empresas beneficiarias del RDL citadas en la clave anterior, durante el citdo periodo, respecto de:

• El 85% de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

• El 75% de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

Compromiso de salvaguarda del empleo

Se mantienen vigentes los compromisos de mantenimiento del empleo previstos en la normativa, de modo que:

• Los compromisos de mantenimiento del empleo generados en virtud de los beneficios recogidos en el RDL 8/2020, en el art. 6 RDL 24/2020 y el RDL 30/2020, continúan vigentes en los términos previstos en dichas normas y por los plazos recogidos en estas.

• Las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedan comprometidas a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, en los mismos términos que la normativa anterior.

• Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto se producirá cuando aquel hubiese terminado.

Prórroga de la «prohibición» de despedir y protección de los contratos temporales

(Art. 3) Se prorroga el art. 2 RDL 9/2020, de modo que se mantiene hasta el 31 de mayo de 2021, la denominada “prohibición” de despedir. Recordemos que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los arts. 22 y 23 RDL 8/2020 no se pueden entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Asimismo, se prorroga el art. 5 RDL 9/2020, y con ello lo siguiente: la suspensión de los contratos temporales (incluidos los formativos, de relevo e interinidad) por ERTE supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de los contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada modalidad, respecto de las personas afectadas.

Prórroga de las medidas extraordinarias de protección por desempleo: «contador a cero»

(Art. 4) Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el ar. 8 RDL 30/2020 serán de aplicación hasta el 31 de mayo de 2021, tanto para las personas afectadas por los ERTES a los que se refiere esa norma como a las de los ERTES ex RDL 2/2021, con estas particularidades:

• La medida del «contador a cero» en el cómputo del paro se mantendrá vigente en los términos del art. 8.7 RDL 30/2020.

• Las empresas que ya hubieran presentado solicitud colectiva de acceso a la prestación por desempleo (art. 8.2 RDL 30/2020) no estarán obligadas a la presentación de nueva solicitud respecto de las personas trabajadoras incluidas en la anterior.

Protección de los trabajadores fijos discontinuos

(Art. 4) Se mantienen las medidas de protección de los trabajadores fijos discontinuos, incluyendo la prestación extraordinaria prevista en el RDL 30/2020.

Recordemos que la citada prestación se reserva a trabajadores con esta modalidad contractual, así como para aquellas que realizan trabajos fijos y periodos que se repiten en fechas ciertas que hayan estado afectadas, durante todo o parte del último periodo teórico de actividad, por un ERTE por causas COVID-19, cuando dejen de estar afectados por el expediente al alcanzarse la fecha en que hubiera finalizado dicho periodo de actividad.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos tras resolución como medida de contención

(Art. 5) Se regula la prestación extraordinaria por cese de actividad de forma similar a la introducida por el art. 13.1 RDL 30/2020 en favor de aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que pueda adoptarse al respecto.

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Se incrementará en un 20% si el trabajador autónomo tiene reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos que no puedan acceder a otras prestaciones

(Art. 6) Se introduce la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria de cese de actividad a aquellos trabajadores autónomos que no siendo afectado por el cierre de su actividad ven reducido sus ingresos y no tienen acceso a las prestaciones de cese de actividad reguladas en el art. 7 RDL 2/2021 y en los arts. 327 y siguientes LGSS.

La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda. Cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos compatible con el trabajo por cuenta propia

(Art. 7) A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el art. 327 LGSS, siempre que concurran los requisitos establecidos en este precepto y en el art. 330.1 LGSS. Podrá percibirse hasta el 31 de mayo.

El acceso a la prestación exigirá acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el semestre indicado de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada

(Art. 8) Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada que desarrollen su actividad al menos durante tres meses en la primera mitad del año.

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA o en el RETM durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis en cada uno de los años.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

En Arcadia Abogados te asesoramos y luchamos por tus derechos. 

Acercate a nuestras oficinas sitas en la Calle Ramón Gallud 18, 1° donde un equipo de expertos profesionales te atendera y dará respuesta a tu problema con la máxima eficacia y profesionalidad.

Pide cita poniéndote en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, pagina web, o llamando al siguiente número de teléfono +34 966 360 108. También te atenderemos desde nuestro correo electrónico [email protected]

En un caso de cláusula suelo, el Alto Tribunal estima el recurso de un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria, pese a rechazar la misma reclamación fuera de tribunales.

Prensa Tribunal Supremo. El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido.  

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma.  

La Sala Primera, en cambio, tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma.

 Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017 si se interpreta a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

Desde ARCADIA ABOGADOS queremos agradecer a todos nuestros clientes y colaboradores del torneo su participación e implicación en el mismo.
Gracias por seguir confiando en nosotros.
#IopendepadelArcadia
#Nova

Desde Arcadia Abogados tenemos el placer de presentaros nuestro I Open de Pádel.

El mismo estará organizado por Nova y la recaudación irá destinada a la Cofradía del Santo Sepulcro Yacente de Torrevieja.
Os iremos informando al detalle, como anticipo os presentamos el cartel, fechas y premios del torneo.
#disfrutadeldeporte